Sociedad transparente | ¿Qué plantea la reforma constitucional para el INAI?

Sociedad transparente | ¿Qué plantea la reforma constitucional para el INAI?

“La transparencia y la protección de datos personales, lejos de ser lujos, son derechos fundamentales”


Samuel Montoya Álvarez*

El pasado 23 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que, como ya es sabido, podría marcar el inicio de una regresión democrática en México. Dicho dictamen propone la eliminación de siete organismos autónomos, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), y el traslado de sus funciones a diversas dependencias del gobierno federal.

La fracción VIII del apartado A del artículo 6 de la Constitución, que reconoce la autonomía del Inai, sería reformada para que sean los propios sujetos obligados quienes asuman la responsabilidad de garantizar los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, lo que eliminaría el contrapeso que hasta el momento, y desde la autonomía, ha tenido el sistema democrático mexicano.

El Inai, así como los organismos locales de transparencia, no solo han sido imprescindibles en la defensa del derecho a la información y la protección de datos personales, sino que han actuado como un garante cuando los sujetos obligados no cumplen con sus obligaciones. 

Para muestra, en 2023 el Izai en Zacatecas impuso casi 3 millones de pesos en medidas de apremio a sujetos obligados que no entregaron la información requerida, cabe mencionar que las sanciones han sido ejecutadas por la Secretaría de Finanzas, con lo cual este recurso ingresa a las arcas del Estado. Con la nueva reforma, cada institución pública deberá determinar y validar su propio cumplimiento.

Con la desaparición del Inai, las funciones relacionadas con la transparencia y protección de datos personales serían trasladadas a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a nivel federal, y a órganos internos de control en otros poderes y autónomos. Sin embargo, surge una preocupación legítima: ¿qué garantiza que estas dependencias gubernamentales cumplirán con la responsabilidad de proteger estos derechos?

Si bien el dictamen establece que las leyes determinarán los principios generales y la competencia de las autoridades de control interno para conocer de los procedimientos de revisión contra actos de los sujetos obligados, para la ciudadanía esto deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué sucederá con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) que alberga millones de datos? ¿Cómo se manejarán los datos personales en posesión de particulares, una atribución hasta ahora exclusiva del Inai?

Además, se menciona que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados, pero el destino de su experiencia y conocimientos especializados es incierto, al no aclararse cómo se garantizará la continuidad y calidad en la protección de los derechos que hasta ahora los autónomos han defendido.

El argumento central detrás de esta reforma es la supuesta duplicidad de funciones y la necesidad de simplificación orgánica. Sin embargo, la experiencia demuestra que la autonomía es esencial para garantizar que los derechos no se vean comprometidos por intereses ajenos. La independencia del Inai ha sido clave para que los mexicanos puedan acceder a la información pública sin represalias y para que sus datos personales sean tratados conforme a la ley.

Los recursos ahorrados con la desaparición de estos organismos, establece el dictamen, serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una causa noble, que sin embargo no representa una aportación significativa, dado el costo real de los organismos autónomos, que no es comparable al costo de la corrupción y la opacidad. La transparencia y la protección de datos personales, lejos de ser lujos, son derechos fundamentales.

Ante el dictamen que será votado en septiembre por los nuevos legisladores, es imprescindible que reflexionemos sobre las consecuencias a largo plazo de esta reforma que, citando al analista Arturo Nahle, significaría una regresión histórica imperdonable, un paso para volver a un presidencialismo omnipotente, carente de contrapesos.

Mientras tanto, desde el Izai continuamos en la lucha, trabajando con normalidad y con determinación para que la ciudadanía siga haciendo uso de estos derechos en su beneficio.

*Comisionado del Izai

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