DESPIDO DE POLICÍAS, LA MAYOR CARGA EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
“Nuestro trabajo es fortalecer la visión ciudadana mediante un tribunal fuerte y confiable que pretende resolver de manera legal, sin tomar partido por nadie, para determinar las acciones que afecten a esos particulares”: presidente del TJA
TEXTO Y FOTO: GABRIEL RODRÍGUEZ
ZACATECAS, ZAC.- Durante el 2022, en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) se abrieron más de mil expedientes relacionados con contra despidos de policías, revisiones de contratos administrativos y permisos otorgados por municipios; de los primeros, la carga laboral se incrementó de manera considerable, manifestó Gabriel Sandoval Lara, magistrado presidente del tribunal.
El también titular de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas detalló que en lo que va del año se tienen radicados 112 casos en esa instancia defensora de ciudadanos, casos a los que se suman los 958 radicados en juicios contencioso-administrativos que se arrastran del 2022, pues de años atrás, ya no hay casos pendientes.
“De Responsabilidades Administrativas, en este momento hay un total de 51 asuntos que, sumados a los anteriores, hacen mil 80 en las tres salas, responsables de atenderlos”, detalló el magistrado.
En su informe 2022 Sandoval Lara recordó que la carga laboral de las tres salas especializadas del tribunal, “fue exponencial de trabajo para ellas, pese a lo cual, atendieron los trámites necesarios y legales con el fin de resolverlos todos”.
“La mayor parte de todos esos asuntos fueron en juicio contencioso administrativo para el caso de actos de autoridades diferentes a responsabilidades administrativas, y algunos de ellos fueron resueltos sobre faltas no graves por los órganos internos de control”, aclaró.
Explicó que esos órganos internos de control comprenden a la Secretaría de la Función Pública (SFP), y los órganos de cada una de las dependencias estatales y municipales, “que nos ha representado algo de trabajo, así como los asuntos fiscales que en 2022 tendieron a incrementarse a causa de la omisión al pago del Impuesto sobre Nómina, en específico para la Secretaría de Finanzas (Sefin)”.
En específico, disminuyó la carga de trabajo sobre multas de tránsito, pero en contra de ello, aumentaron los despidos de policías, las revisiones de contratos administrativos, permisos otorgados por municipios y muchos otros.
EL TRABAJO DE TRIBUNAL
Sandoval Lara explicó a ECODIARIO que ese tribunal se encarga de la atención de asuntos en dos salas que tienen conocimiento de juicio contencioso administrativo, enfocadas a diversos actos.
Esos actos administrativo-fiscales son realizados por las administraciones públicas centralizadas y descentralizadas y municipios, “mientras que la tercera sala es especializada en conocer la fase resolutora, así como el procedimiento de responsabilidades administrativas que se inicia a los órganos municipales, estatales y autónomos”.
En ésta se conoce de asuntos fiscales, despidos de policías, contratos administrativos, las áreas de Seguridad Social, los actos impugnables al Issstezac, las multas de tránsito, aquellas derivados del pago de impuestos omitidos por Secretaría de Finanzas y presidencias municipales; “es decir, se trata de todo un abanico de asuntos públicos que se pueden atender”, abundó el magistrado.
Sandoval Lara no pasó por alto el hecho de que ese tribunal “ventila” todos aquellos actos derivados de responsabilidades administrativas y también los de la Secretaría de Finanzas, presidencias municipales, sus tesorerías, expedición de permisos y concesiones, entre otros.
CAPACITACIÓN EN LA MIRA
El magistrado Gabriel Sandoval Lara dijo que el tribunal tiene un programa de maestría que lleva 30% de avance en su primer semestre, y se implementó con el fin de dar a conocer los canales de justicia administrativa y capacitar a los abogados interesados en la materia.
“Pero también visitamos dependencias para dar a conocer las competencias de nuestro tribunal, pero incluso antes de la pandemia estuvimos asistiendo a los municipios para dar a conocer nuestros trabajos”, refirió.
Sin embargo, la actividad jurisdiccional se frenó por el Covid-19, aunque la intención es seguir con ese tipo de capacitaciones, “pero estoy convencido de que si no vamos para allá, los ciudadanos nunca se van a enterar de la posibilidad de impugnar los actos de las autoridades en sus municipios”.
LOS PROCESOS
Para iniciar un juicio en contra de alguna autoridad, debe seguirse un procedimiento en el TJA que comienza con una demanda y continúa con una serie de actuaciones que van desde las notificaciones, la contestación, ampliación de demanda, ampliación de contestación de la demanda y desahogo de pruebas, hasta sentencia, lo que puede alargar el juicio.
Sin embargo, antes de la pandemia, para que una sentencia saliera tardaba hasta 5 meses, tiempo que se extendió con el trabajo en casa, pero adelantó que se busca recuperar esos tiempos ya que ahora demoran hasta 8 meses, aunque expresó que “con lo que hemos batallado, sobre todo porque en 2022 tuvimos una carga de trabajo exponencial pues el personal de las salas no nos da la prontitud que quisiéramos”.
DIVERSIDAD DE ASUNTOS QUÉ ATENDER
El magistrado dijo que todos los casos son de interés y ejemplificó con el hecho de un pago derivado de la aplicación del alcoholímetro, “lo que es fácil de impugnar aquí porque en ese tipo de eventos no existen muchas pruebas en desahogo, sino que solamente está la infracción y el pago ante Finanzas surgidos del expediente”.
“Mientras que otros –casos- son complejos porque para su análisis se deben acopiar testimoniales, periciales, confesionales y otros que son materias delicadas, como en el caso de los impuestos ecológicos ante la Secretaría de Finanzas por millones de pesos que no se relacionan con algunos miles de pesos de los alcoholímetros”, puntualizó.
Al retomar el informe del 2023, recordó la imposición de sanciones derivadas de responsabilidades administrativas e indemnizaciones a cargo de servidores públicos municipales y estatales, que interesaron más de 3 millones 602 mil 748 pesos y se impusieron sanciones económicas por el orden de 344 mil 377 pesos en diversos órdenes.
También hubo una sanción de inhabilitación para el no ejercicio de funciones por 15 años a una persona y una suspensión máxima por 90 días, más el conocimiento de particulares con sentencia y otros en trámite.
Aclaró que no todos los hechos llegan a una sentencia condenatoria, pues los actos de las salas son acordes a derecho derivados de los expedientes de sanciones administrativas.
Indicó que al segundo semestre de 2023 implantarán los juicios en línea y que para ello cuentan con el personal y las herramientas tecnológicas, unido al proyecto de maestría, lo que “beneficiará a abogados y particulares”.
SE FORTALECE LA VISIÓN CIUDADANA
Sandoval Lara asumió el cargo en enero de 2022 y este año asumirá el cargo Aída Alicia Lugo Dávila, actual titular de la Primera Sala Especializada en el TJA.
“Estoy aquí desde que surgió este Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2001 y creo que somos una instancia noble que nos permite determinar los actos de legalidad o ilegalidad de las autoridades frente a los gobernados, porque éstos se encuentran en desventaja ante los primeros y de lo que se trata es de poner un piso parejo entre ambos”, externó.
Resaltó que “nuestra actividad no va con el fin de determinar que todo acto de autoridad es nulo o ilegal sino, en efecto, reconocer y solucionar los conflictos de todos aquellos particulares o ciudadanos que fueron afectados por esa autoridad”.
Por ello, precisó que todo el trabajo desarrollado en estos casi 24 años ha sido de caminar y fortalecer la visión ciudadana mediante un tribunal fuerte y confiable que pretende resolver de manera legal, sin tomar partido por nadie, para determinar las acciones que afecten a esos particulares.
Los interesados pueden contactar al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en avenida Pedro Coronel 120 A, Fraccionamiento Los Geranios, Guadalupe, Zacatecas a los teléfonos (492) 9222927 y 9229327 o en la página www.trijazac.gob.mx
