Sociedad transparente | Transparencia y el acceso a la información como herramienta de la sociedad civil en el combate a la corrupción
“La corrupción, al contrario, destruye la confianza en la política, la credibilidad de las instituciones y el interés en lo público…”
Fabiola Gilda Torres Rodríguez*
La corrupción es uno de los principales problemas públicos que aquejan a México y no termina por decreto o buenas intenciones, esto nos obliga a fomentar el debate basado en la implementación de políticas que involucren a instituciones, sociedad civil, academia y el sector privado, para identificar áreas de éxito y de oportunidad.
Al impactar la agenda política y económica de nuestro país, cobra relevancia mientras conocemos resultados como los de la cuarta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para prevenir, detectar y castigar la corrupción: México ocupa el lugar 12 de 15 naciones con un retroceso en su puntuación global del 13 por ciento en los últimos cuatro años, cayendo casi un 5 por ciento en 2022.
Este panorama evidencia áreas de oportunidad: el descenso más pronunciado fue en la categoría “Democracia e instituciones políticas” (percepción de injerencia del Poder Ejecutivo en asuntos legislativos y judiciales).
Ello nos llama a construir instituciones fuertes y empoderar al ciudadano; sólo así ganaremos confianza y respaldo social al gobierno.
La corrupción, al contrario, destruye la confianza en la política, la credibilidad de las instituciones y el interés en lo público; el índice de Capacidad para Combatir la Corrupción muestra retrocesos en este sentido.
Hoy más que nunca necesitamos equipar con información a la ciudadanía para que sea activa, informada y exigente de rendición de cuentas y controles en el ejercicio del poder.
Enfrentemos la corrupción como un problema sistémico anclado en nuestras estructuras administrativas, políticas y sociales, cuyos daños generan competencia desleal, afectan el crecimiento e impiden el beneficio social. La prevención es un eje fundamental: reforcemos los controles de vigilancia y sanción.
Como anterior coordinadora de la Comisión de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Sistema Nacional de Transparencia, considero imprescindible impulsar una cultura de integridad y responsabilidad administrativa en el servicio.
Trabajemos con honradez, honestidad, responsabilidad, lealtad a las instituciones y a la ciudadanía que servimos, tengamos disciplina para dar resultados sin olvidar la congruencia, que genera confianza al ser y hacer las cosas bien.
Desterrar la corrupción de la vida pública nos ocupa a todos, incluyendo sociedad civil y academia que, al dialogar de forma propositiva, nos dicen a las instituciones cómo mejorar.
El especialista Max Káiser durante su participación en el foro “Transparencia y Acceso a la Información como Herramientas de la Sociedad Civil en el Combate a la Corrupción” convocado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión que encabecé en el SNT, expuso lo que ha identificado como “Mecanismos de la Corrupción” en cuatro etapas: las elecciones con “patrocinadores silenciosos” que influyen en las designaciones del gabinete para intervenir a favor de sus intereses y culminar con la ejecución de contratos.
Pareciera un panorama desalentador; cada acto ilícito repercute directamente en las personas: mientras sólo algunos obtienen beneficios, muchos sufren las consecuencias: quien empeora su salud a falta de medicamentos, quien no llega a tiempo a citas cruciales por obras incompletas, quien pierde oportunidades laborales por no recibir una beca para continuar su preparación, entre otros.
Sin embargo, nos impulsa el ejemplo de naciones que fueron catalogadas como las más corruptas del mundo y, en un ejercicio corresponsable, lograron consolidar democracias sólidas. Es el caso de la República de Georgia, en la que, luego de conocer su alto índice de corrupción, ciudadanos y autoridades comprendieron que esto los volvía vulnerables y emprendieron su defensa por convertirse en una república que cumple la ley, trabajando en digitalizar procesos, transparentar sus instituciones y ejecutar responsabilidades; esto permitió construir un Estado Abierto.
No sirve saber y no hacer nada, esto solo genera escándalo y frustración; responsabilidad significa que quien viole la ley tenga consecuencias concretas: la suspensión, inhabilitación e incluso sanciones penales. En ese sentido la transparencia es una herramienta de la democracia, la puerta para que el ciudadano ingrese al quehacer público.
Apostar por el diálogo y la transparencia es garantizar el derecho de la sociedad a incidir en su gobierno, y confiar en la capacidad de las instituciones para integrar en sus procesos a los ciudadanos. Continuemos juntos esta tarea, construyamos sociedades participativas que hagan propias estas herramientas para combatir la corrupción.
*Comisionada presidenta del Izai
