Radar económico y financiero | Una asignatura pendiente, el derecho humano al agua
“Ante las amargas experiencias recientes de sequías y escasez de agua en buena parte del territorio nacional, es importante reflexionar sobre la sobrevivencia del ser humano, la producción de alimentos y los procesos productivos.”
Raúl Rodríguez*
Hace más de 10 años, en febrero de 2012, el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional el derecho humano al agua mediante la reforma al párrafo sexto del artículo 4º.
Además, se estableció en el artículo 3º transitorio que se “contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas”, lo que, a la fecha, no ha sucedido y que significa un incumplimiento de más de 9 años en la reglamentación de este importante derecho humano.
El tema es complejo y, después de varias propuestas legislativas que no prosperaron, no se veía para cuándo se lograría contar con la muy importante Ley General de Aguas, donde se establezcan las reglas a cumplir en temas fundamentales como la calidad, cantidad, aceptabilidad, accesibilidad física y económica, el derecho a la información en materia del agua y la indispensable coordinación entre la Federación, los estados y municipios, junto con la participación de la sociedad, para poder hacer realidad este derecho a todos los habitantes de nuestro país.
Derivado de una controversia constitucional presentada por Cusihuiriachi, un pequeño municipio de Chihuahua, finalmente está interviniendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenando al Congreso de la Unión expedir la Ley General de Aguas durante su próximo periodo ordinario de sesiones.
La complicada situación del agua en la frontera norte del país, la obligación que tiene México de cumplir con los compromisos derivados del Tratado Internacional de Aguas de 1944 con Estados Unidos, la extracción de aguas de la presa La Boquilla sobre el río Conchos y el acuerdo federal por sequía del año 2020, generó una problemática en torno al derecho humano al agua de los usuarios en el municipio de Cusihuiriachi, cuyo presidente municipal promovió la ya comentada controversia constitucional. Básicamente, entre otros aspectos, lo que se argumenta es la vulneración al derecho humano al agua por la omisión del Congreso de la Unión al no emitir la Ley General de Aguas, siendo que el municipio es el proveedor del servicio de agua para uso doméstico y público urbano.
Después de admitir el trámite de la demanda y realizar el análisis correspondiente, el pasado lunes 23 de mayo y el 27 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la omisión del Congreso de la Unión, de no expedir la Ley General de Aguas, y le ordena hacerlo este mismo año, en periodo ordinario de sesiones septiembre- diciembre.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presidida por nuestro amigo, el diputado Rubén Muñoz Álvarez e integrada con 35 miembros de todos los grupos parlamentarios, está consciente de la importancia del tema, ya que se trata del recurso vital para la vida y la salud de los mexicanos. Tiene un gran reto por delante: contar con un diagnóstico veraz y actualizado y, con ello, elaborar una ley que dé una respuesta efectiva, eficaz y realista. Para ello se avanza recogiendo las preocupaciones y experiencias de cada uno de los miembros de la comisión, realizando visitas a diversas zonas del país y logrando convocar a un nutrido grupo de especialistas, entre ellos, integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de la Asociación de Entidades de Agua y Saneamiento, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, y del Consejo consultivo del agua.
Siempre con un esquema incluyente y equilibrado, escuchando todas las voces y propuestas.
En el consejo consultivo del agua hemos planteado que es necesario legislar esta asignatura pendiente en una nueva ley general de aguas, sin necesidad de derogar la actual ley de aguas nacionales, pueden y deben convivir perfectamente ambas leyes.
Las cifras y desafíos del agua son preocupantes: se estima que 12.6 millones de mexicanos no tienen acceso al agua y que 47 millones no reciben agua todos los días, solo el 53% de la población tiene acceso diario a su vivienda, y el 60.8% del agua utilizada para uso consuntivo proviene de fuentes superficiales (presas, ríos, arroyos) y el 39% restante corresponde a aguas subterráneas (acuíferos), y del total de acuíferos en el país 653, están sobreexplotados 157. Otro dato terrible, en promedio se fuga el 37% del agua que se distribuye por las redes en zonas urbanas, dado lo obsoleto de algunas de ellas.
Derivado de lo prolongado de la sequía, hasta hace unos días, el 67% del territorio nacional experimentaba alguna intensidad de sequía. (Conagua).
Recordemos la proporción del agua que se utiliza en México; 77% lo consume la agricultura, el 14% el abastecimiento público y los hogares, el 5% las termoeléctricas y tan solo el 4% la industria.
Lo que queda claro es que hay mucho por hacer y la necesidad de contar con un soporte firme para ello, es ni más ni menos, la Ley General de Aguas, que esperamos que, por fin, se legisle este año.
Reflexionemos, con 22 entidades de la República registrando riesgos por desabasto de agua, la crisis que hoy vive Monterey sirve como una alerta ante la falta de una estrategia nacional para garantizar la producción y distribución equitativa del líquido vital en todo el país.
*Analista político y económico
**Las opiniones plasmadas en las colaboraciones son responsabilidad de cada autor, así como su estilo de escritura. Ecodiario Zacatecas sólo es una plataforma digital para darlas a conocer a sus lectores.
