La seguridad y la nación | La trampa de la GN
“La iniciativa del Presidente militariza total y permanentemente la seguridad pública a nivel fepesar de que los militares no saben ni deben hacer prevención, investigación y persecución del delito, de aprobarse esta reforma, aumentará aún más el poder político y económico de la Sedena. Su estado de fuerza aumentaría en 40% y su presupuesto ascendería a más de 400 mil millones de pesos en 2024, además, el poder del Presidente se ampliará para disponer de las FFAA en seguridad sin plazos ni justificaciones.”
Hugo Rafael Sánchez González*
Podría ser este un sueño Huertista, regresar a los militares el poder de conducir una nación, las y los diputados tienen el poder de detener el más reciente y radical intento de Andrés Manuel López Obrador para convertir a la Guardia Nacional (GN) en una institución absolutamente militar. Una grave propuesta que significa la militarización total y permanente de la seguridad federal, al dotar a la GN de un carácter militar en su mando, composición, entrenamiento y régimen disciplinario.
El pasado 5 de febrero, el Ejecutivo presentó una iniciativa que modifica 12 artículos de la Constitución con los siguientes objetivos:
Poner a la GN bajo el mando y control total de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Reconocer a la GN formalmente como una nueva corporación de la Fuerza Armada permanente, facultando al presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de seguridad de manera ordinaria, bajo ningún tipo de control.
Conceder la posibilidad de fuero militar a los guardias nacionales que cometan delitos y violaciones a derechos humanos y eliminar a los últimos elementos civiles de la GN: los policías federales.
La reforma busca cerrar, de una vez por todas, la posibilidad de recuperar el carácter civil de la GN y, de hecho, integra formalmente a la GN como nueva corporación a la Fuerza Armada Permanente, junto al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, aprobar la iniciativa en sus términos implica que las FFAA jamás salgan de tareas de seguridad pública federal y deja finalmente nuestra seguridad a cargo de militares que no saben ni deben hacer prevención, investigación ni persecución del delito, y cuya función en realidad es la guerra.
Además, otorga fuero militar a la GN, pese a que durante años, personas defensoras han documentado que los tribunales militares han dado protección e impunidad a los elementos que cometen delitos y violaciones a derechos contra personas civiles, por lo que esta reforma también significaba un gran retroceso en materia de acceso a la justicia.
En términos de empoderamiento para las FFAA, particularmente para la Sedena, la reforma aumentaría a más de 118 mil elementos nuevos bajo su control y contempla que los recursos presupuestarios, financieros y materiales de la GN sean transferidos a la Sedena, por derecho, porque de hecho ya cuenta con ellos.
Otro aspecto grave es que se pretende dar al Presidente la libertad de usar a las FFAA en tareas de seguridad pública siempre que así lo quiera, sin los controles vigentes, adicionalmente, el texto elimina la prohibición para que las FFAA lleven a cabo tareas ajenas a la disciplina militar, una prohibición histórica que ha sido parte de nuestro orden constitucional desde que terminó la Revolución.
Y es que sugiere modificar el artículo 129 para permitir que las FFAA sigan recibiendo funciones y presupuestos civiles para ensanchar su participación en diversas áreas de la vida pública del país, que nada tienen que ver con la seguridad nacional, como son: construcción de infraestructura, gestión de la migración, protección del medio ambiente, salud, educación, entre otras.
Pues bien, la propuesta del Poder Ejecutivo incumple obligaciones internacionales en materia del uso de las FFAA y es un ataque frontal al Estado de derecho, a nuestro derecho de vivir en paz y acceder a la justicia sin barreras, es la intención plena de conceder las credenciales siempre deseadas por las FFAA para avanzar en la consolidación de su poder político y económico en nuestro país, y probablemente, en un futuro, hacer a un lado la gobernabilidad civil.
Especialista en Seguridad Pública, Instructor certificado en Derechos Humanos por el CICR. Mtro., en Juicios Orales
Contacto: silverado_hr@hotmail.com
