Hablemos de seguridad… y algo más | La evolución de la seguridad pública Post-Revolución Mexicana

“La seguridad pública como una función a cargo del Estado contemporáneo ha sufrido enormes cambios…”

Diego Varela de León*

A propósito del 110 aniversario de épica batalla denominada la Toma de Zacatecas el pasado 23 de junio en el marco de la Revolución Mexicana, y la cual aspiraba sentar las bases para una transformación social profunda en México, que realmente influyera en la evolución de su sistema político, en un breviario sobre la incipiente evolución de la seguridad pública en nuestro país, que desde la Constitución de 1917 se advierte la necesidad de que la seguridad pública sea una obligación o atribución de los órganos del Estado. Después de la Revolución de 1910 no había fuerzas de seguridad pública al servicio de la sociedad, contrariamente a lo que requería el país en esa época. Existían corporaciones que respondían a los intereses de unos cuantos, y en particular del gobierno en turno, o bien como el caso de lo que se conoció como “las guardias blancas”, policías o cuerpos de seguridad que estaban al servicio de los grandes latifundistas (la mafia del poder).

Fue hasta 1925 que se hicieron los primeros intentos de unificar a los cuerpos policiales, haciendo del adiestramiento policial una “carrera”, como podría ser el caso de lo que hoy se conoce como Institutos de Formación Policial; en 1948 fue creada la Comisión Consultiva de la Policía del Distrito Federal, que entre sus atribuciones tenía lograr una mejor relación entre la policía y la sociedad (cosa que nunca ocurrió), por lo que se comenzaron a dar los primeros pasos para fortalecer la participación ciudadana en conjunción con las fuerzas policiales. Sin embargo, el fenómeno delictivo no disminuyó de manera sustancial. De la época de los años treinta hasta finales de los cincuenta, la comunidad rural que era la predominante en el país, se fue transformando en comunidades urbanas, la explosión demográfica, la corrupción y la impunidad en el régimen priista fueron los elementos que detonaron el incremento de la delincuencia y nuevas formas criminales.

Ya en la década de los sesenta los grupos de delincuentes se circunscribían a un delito de perfil convencional, no organizado ni violento, que funcionaba con la habilidad y sagacidad del delincuente para la comisión del ilícito, y por lo tanto, dichos grupos se fueron organizando en las grandes ciudades, como la de México, Guadalajara y Monterrey. Vale la pena mencionar que para el caso de México los grandes movimientos guerrilleros como el de “Lucio Cabañas” en el estado Guerrero, fueron considerados como delincuencia organizada o terroristas por el Estado mexicano, al igual que la liga 23 de septiembre organizada predominantemente por maestros, estudiantes y campesinos de cortes marxista-leninista, sin embargo, desde el punto de vista sociológico, eran movimientos que luchaban por reivindicaciones de carácter social y política, por lo tanto, no se les puede tachar de delincuentes, sino como los precursores de la defensa de los más oprimidos y de las libertades de una revolución inconclusa que no terminaba por hacer justicia social a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los más desprotegidos, en la época contemporánea y para el caso que nos ocupa el mejor ejemplo es el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que tuvo su origen en el estado de Chiapas en 1994, obviamente con intereses ocultos por el viejo sistema que hasta la fecha se han enmascarado con una retórica contraria al verdadero movimiento.

A principios de los años ochenta, los grupos delictivos incrementaron su presencia en las grandes urbes transformándose en lo que hoy se conoce como delincuencia organizada, circunstancia que se agravó debido a la ausencia de un marco legal homogéneo e integral en seguridad y justicia penal, acorde al desarrollo de México, reflejándose en un incremento significativo en los índices delictivos que tan solo en 10 años, de 1980 a 1990, el número de presuntos delincuentes consignados por delitos contra la salud se incrementó en más de 400%, los robos en 100%, las violaciones 69%, daño en propiedad ajena 55% y lesiones en 45% y sin que parezca disco rayado pero evocando a nuestra realidad, esa es parte de la herencia del viejo sistema político.

A partir de la década de los 90s aún existían un sinnúmero de acciones que quedaban desarticuladas, ya sea por la falta de una normatividad sólida o por la naturaleza propia de las autoridades encargadas de llevarlas a cabo, y es entonces que la seguridad pública empieza a ser asunto “prioritario” y se incluye como uno de los temas fundamentales en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, además se expide la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de diciembre de 1995, el cuerpo normativo de la seguridad pública que aunque con muchas acciones de simulación terminando siempre en la espiral de la apócrifa prevención del delito que se concibe como la serie de acciones progresivamente simuladas, frágiles y trémulas que, en perfecta analogía con una línea espiral ascendentemente cíclica, se presentan entre las “Políticas de prevención delictiva”, seguidas por el “Combate frontal al delito”, la “Participación integral de la sociedad”  y finalmente, la abstracta “Justicia en favor de las víctimas”, la que, de acuerdo a diversas causas y factores envolventes, retorna a la primera con sucesión de las siguientes, y en muchísimas ocasiones y ante el avance desmesurado que tuvo la delincuencia, el Estado genero una tercera opción, la cual y lamentablemente, gran parte de las políticas criminales, la centraron sólo en una simple reacción al delito, y en este andamiaje mucho tuvieron que ver las políticas públicas mal implementadas en los sexenios de Fox y Calderón a quien se le debe la mal llamada guerra contra el narco que seguida por Peña no generaron el andamiaje de la prevención en favor de una mejor seguridad ciudadana.

La seguridad pública como una función a cargo del Estado contemporáneo ha sufrido enormes cambios, que generalmente están vinculados con las características económicas, políticas y sociales del país, así como con la evolución del fenómeno delictivo, factores que intervienen en la creación de las diversas legislaciones y aunque con pasos demasiado lentos y muchos pero muy mal instrumentados, sin duda la Revolución Mexicana sentó las bases para una transformación profunda que influyó en la evolución de su sistema político a lo largo del siglo XX, la transición al siglo XXI y la llegada de la cuarta transformación que son claras expresiones de la continua búsqueda de aquella tan anhelada justicia social que solo por citar un último periodo más de la post Revolución, en 1953 fecha en que la mujer obtiene el derecho de votar y ser votada, en 2024 después de 71 años de una constante lucha por la igualdad y equidad es elegida la primer mujer  en la historia de nuestro país a la primer magistratura de la nación.