El sentido del derecho “In actu” | Iniciativas de Reformas a la Constitución

“La distribución de los recursos públicos y la eliminación de entes autónomos” 

Oscar Gabriel Campos*

Modificar suprimir, trasladar, integrar, contratar o fusionar Unidades Administrativas, Órganos Administrativos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados a Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de racionalizar la estructura orgánica federal, eficientar recursos públicos y procesos administrativos, así como, aprovechar bienes nacionales adecuadamente, es el objeto de la presente iniciativa.

El presidente, en el discurso que presentó las iniciativas señala que “el neoliberalismo” fue el modelo de administración pública del siglo XX, ahora con la necesidad de redistribuir el gasto público plasmado también en el anexo 20 de la Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, considera oportuno devolver la autoridad ejercida actualmente por los Organismos Independientes al Poder Ejecutivo, con su respectivo impacto espejo en las entidades.

Recordemos anterior a los ochentas existía la hegemonía de Partido, los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en sus tres niveles, por mantenerse en el poder y perpetuar la obtención de beneficios para aquellos que lograban escalar en su estructura organizacional, no les importaba quebrantar los principios y derechos de los gobernados.

Por la gravedad de atender la vulnerabilidad de éstos, surgen las  Organizaciones Civiles que lucharon por la Democracia, y la necesidad de crear instituciones jurídicas independientes que permitieron la pluralidad, disipar al partido único y equilibrar aspectos de la vida pública trascendentes para el futuro del país.

Para poder querer desaparecer la independencia de los mismos, vale la pena estudiar la necesidad del por qué surgen los Organismos Autónomos, Descentralizados y Desconcentrados.

Empezamos desde la tesis clásica, la división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sostienen que el ejercicio del poder debe ser distribuido en poderes que ejercen las tres grandes funciones del Estado (legislar, juzgar y ejecutar) y que al estar separados, que ninguno de estos someta al otro, ni admita la suma del otro. Generando pesos y contrapesos, garantizan el buen gobierno y aseguran los derechos individuales de las personas.

Para que algunos derechos que el Estado no pudiera garantizar a los gobernantes es necesario se garanticen a través de órganos especializados e independientes (en 1976 ya se contemplaban) nacen los Organismos Autónomos, como equilibrio y contrapeso para que el gobernante en turno no pueda abusar de ellos. Con funciones fundamentales que cumplen tres sentidos: Permiten poner límites del poder, hacer cuestiones especializadas en el propio gobierno y la clara rendición de cuentas.

De los primeros, fue el Banco de México, como una forma de aportar más credibilidad y estabilidad a la política monetaria. El Instituto Nacional Electoral (antes IFE) combatió la incredulidad de la oposición y la ciudadanía ante la imparcialidad de las elecciones; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que siguió siendo independiente porque no era recomendable que funcionara si era parte de las mismas autoridades que revisaba; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es un ejemplo de una institución que realiza estudios que  contribuye a fomentar el derecho de la ciudadanía a estar siempre informada con veracidad y con independencia de las autoridades políticas.

Ahora bien, de los Organismos Descentralizados se conoce que son las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y que las mismas tienen los fines siguientes: La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias; la prestación de un servicio público o social; o la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. Si los mismos no ejecutan los proyectos, o las acciones encomendadas no son adecuadas en relación con la economía nacional y el interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.

“Recordemos que la democracia no solo supone elecciones auténticas, sino un poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que los ciudadanos puedan defenderse de los eventuales excesos de las instituciones estatales”

José Woldenberg.

 “Ubi labor - ibiuber / Donde hay trabajo hay abundancia”