Denuncia SPAUAZ falta de voluntad política de la administración central
TEXTO Y FOTO: ESTHER CONSUEGRA
Zacatecas, Zac.- Tras la suspensión de manera unilateral de las mesas de negociación por parte de la rectoría con el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), agremiados, jubilados y docentes en activo denunciaron la falta de voluntad política de la administración central y la ausencia del Rubén Ibarra Reyes en el dialogo con el sindicato, en tanto adelantaron que la base decidió el si por la huelga y será la base quien la levante, sin presiones externas de la patronal o de gobierno del Estado.
En conferencia de prensa expusieron las demandas del movimiento huelguístico 2025 y su postura frente a los ofrecimientos de la rectoría, que consideraron insuficientes en los más de 180 puntos establecidos en el pliego petitorio, que no se han atenido ni en un 10 por ciento, además aclararon que el reproche del rector sobre el alargamiento de la huelga y la adición de más demandas, es falso, ya que antes del plebiscito a huelga los puntos siempre han estados plasmados documento petitorio.
El agremiado Abel García Huizar, “El Amigo”, calificó Ibarra Reyes como el rector metafísico, “porque nunca apareció en ninguna de las mesas de negociaciones, jamás se tomó la dignidad de aparecer, porque ninguna inteligencia de la universidad en cuatro años ha conseguido descifrar qué carajos con él en esta universidad en cuatro años, pasaditos, no aprendió de la experiencia, carente de una seriedad ausente en todo este periodo, tal pareciera que el rector le importan más los eventos y las comilitonas del gobernador que ser un poco empático con sus representados universitarios”.
Por su parte la docente jubilada Marcelina Rodríguez esgrimió los motivos de la huelga y las motivaciones e los jubilados, -delegación con fuerte representatividad durante el movimiento huelguístico-, al señalar que los jubilados, se sumaron a este movimiento “porque las nuevas generaciones de administrativos tristemente no se asumen como servidores públicos de la educación superior, antes bien se sirven de la institución para satisfacer necesidades de poder, con lo que muestran una carencia humana de compromiso, responsabilidad y ética, esto se hace evidente cuando sus intereses se sobreponen a las intenciones constitucionales del derecho a la educación”.
Se pronunció, además, en contra de las actitudes de orden doloso ejercidas por esta administración y algunas de las anteriores, en contra de los universitarios que ven afectados sus derechos laborales al desviar recursos, ocultar información, desvirtuar a los académicos como simple mercancía manipulable mediada por intereses mezquinos, y dijo seguir firmes en el movimiento.
“Repudiamos las acciones fraudulentas que vivimos como jubilados ante el manejo irregular de nuestras prestaciones, tal toda vez que después de ocho, seis, diez años o más de habernos jubilado, no percibimos el RCV, el SAR y el Fovissste, porque la universidad no ha cubierto ese adeudo que nos descuentan mensualmente a todos los universitarios, pero como no se ha depositado ya no tenemos derecho a esa prestación”.
En su momento el docente en activo, Juan Antonio Pérez “Peritos”, aclaró que es falsa la narrativa de rectoría al señalar que el movimiento huelguístico o el sindicato pretenda que administración central resuelva el problema financiero de la universidad, “total y absolutamente falso, nos queda muy claro que no hay una administración que por ella misma pueda resolver ese problema financiero. Pero lo que sí queremos, lo que sí nos interesa que nuestra administración de ese primer paso.”
Esas medidas creíbles que tiendan a resolver de una vez y para siempre el problema financiero de nuestra universidad. Se ha dicho también que nuestro movimiento es irresponsable porque su intención es sumir a la universidad en una crisis financiera., ya que la universidad tiene aprobado para el año 2024, el año que recién transcurrió, un total de 97 millones de pesos aproximadamente para 236 puestos administrativos, de los cuales se ejercen 563 puestos administrativos. Una administración mórbidamente obesa. 563 puestos que implican un incremento de 136 por ciento de lo presupuestado y aprobado”.
Señalaron que estas cifras generan un excedente de 137 millones de pesos, al recordar que al inicio del movimiento se creía que la deuda a los jubilados y a los deudos ascendía a 77 millones de pesos, de los cuales la rectoría ofrecía 10, “si le damos un pequeño atisbo a las cifras, nos damos cuenta de que ese adeudo crece prácticamente a un poquito más del doble, 147 millones de pesos.
“Esta cifra del excedente que se gasta en administrativos, 137 millones, está muy cerca de esa cifra. Es perfectamente posible reduciendo la administración, adelgazando la administración, cubrir estos adeudos. Se requiere voluntad, se requiere renunciar a esos privilegios”.
Por su parte las y los docentes María Magdalena Parga Castro, Gabriela Cortez Pérez, y demás agremiados coincidieron en que se analizar las acciones a seguir y pidieron a padres de familia, comercios -que reclamen al rector- y sociedad en general de su empatía con la defensa de sus derechos y la precarización de sus condiciones laborales, adema de que consideraron que son muchos los puntos irrenunciables del pliego petitorio toda vez que se trata de derechos conquistados, además de una lección de dignidad para el alumnado universitario.
