APRUEBA LXIV LEGISLATURA DESAFUERO DE ALCALDE DE GUADALUPE
Fotos y Texto: Esther Consuegra Dávila
ZACATECAS, ZAC.- Fue aprobado por unanimidad con 28 votos a favor, cero en contra y sin ninguna reserva el desafuero en contra de Julio Cesar “N”, ahora ex presidente municipal Guadalupe, por diputados de la LXIV Legislatura –constituidos en jurado de instrucción-.
Lo anterior, luego de la solicitud de declaratoria para retirar la inmunidad procesal al hoy imputado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJZ), por la presunta comisión de los delitos de homicidio y robo calificado.
La sesión comenzó poco antes de las 11 de la mañana con el quórum legal para por espacio de dos horas las y los diputados se inscribieron para justificar el sentido de su voto en el que fueron dos posturas encontradas las que prevalecieron, la de ir a favor de quitar el fuero al ex funcionario, pero denunciar el desaseo en el procedimiento al interior de la legislatura para declarar procedente el retiro del fuero al hoy imputado.
En la discusión en la que el único fue la votación del dictamen leído en sesión del pasado jueves, relativo a la solicitud de procedencia para separar del cargo a Julio César, mantuvo un ambiente tenso con la postura de algunos de los diputados de Morena que coincidieron en que se vive en Zacatecas y todos sus poderes, un proceso hecho inédito, relató Maribel Galván y recordó cómo se trata del segundo juicio de procedencia que se solicita a este Poder Legislativo.
La morenista quien votó a favor de la aprobación del dictamen, señaló que el proceso de desafuero marcará un ante y un después en la procuración de justicia en la entidad, -dijo –“una de las principales características de la 4T es la procuración de justicia, me preocupa el contenido del dictamen", esto al reprochar que el derecho de audiencia, “es darle la oportunidad a una persona de ser oída en un juicio, pero además es un principio de seguridad y de certeza jurídica... así se garantiza la posibilidad de buscar la tutela judicial, este poder respetó esa garantía de audiencia de ser oído, se hizo conforme a la regla ordinaria procesal".
Por su parte la también morenista Violeta Cerrillo intervino para adelantar el sentido de su voto a favor de “quitar la in unidad al alcalde, porque pesa más la necesidad de que enfrente acusaciones ante las instancias correspondientes, se le quita la inmunidad procesal a un funcionario al cual no se le dio el derecho legítimo a manifestarse", esto luego de acusar vicios importantes al interior de la Comisión Jurisdiccional, en donde -acotó- “al acusado no se le entregaron los documentos solicitados, no se le notificó en tiempo, ni se respetaron los plazos, dejando ver la clara tendencia y omitiendo el proceso legal”.
Cerillo Ortiz se dirigió a la familia de Raúl Calderón para señalar que la impunidad es el riesgo que se corre cuando se viola el debido proceso, e insistió en debe llevarse un proceso pulcro y apegado a derecho, al tiempo que reprochó a la oposición partidista de sacar raja política del hecho al llamarlos carroñeros, come cuando hay, hipócritas”, al referirse sobre la opinión de la ciudadanía vertida luego de la conferencia de prensa de partidos como PAN, PRI y PRD.
Coincidió el también morenista Ernesto González al señalar que su voto a favor obedeció a que antes pertenecer al partido en el poder en los que reinaba la complicidad y protección, “esos tiempos deben quedar atrás, no estamos dispuestos a dejarle a nadie impunidad y protección, esas viejas formas de torcer la ley deben quedar atrás".
Reprochó que en un proceso que normalmente dura 25 días se está resolviendo en una semana, con urgencia -dijo- pues “el fuero es una herramienta para que los políticos puedan tener protección ante decisiones que afecten intereses; esa es la única razón de existir del fuero, jamás debe utilizarse como instrumento para darle inmunidad a diestra y siniestra a todo servidor público".
Por su parte la diputada morenista Gabriela Pinedo exigió que se debieron proteger las garantías en el proceso al interior de la legislatura, ya que no fueron respetados los requisitos de audiencia, ya que desde la Comisión Jurisdiccional se pasaron por alto varios de estos elementos, señaló que fue un exceso, “la justicia pronta y expedita fue rebasada".
La postura divergente tomó voz en los diputados Xerardo Ramírez, María del Mar De Ávila Ibargüengoytia, Priscila Benítez Sánchez y José Juan Mendoza Maldonado, Jehú Salas Dávila Enrique Laviada Cirerol, quienes coincidieron en que desde la Comisión Jurisdiccional se hizo un buen trabajo de dictaminación de la declaratoria de procedencia para retirar el fuero al hoy imputado y que si bien hace falta la armonización de leyes y reglamentos respecto al marco normativo federal, la tarde de este viernes sentó un precedentes en la procuración de justicia de un proceso que apenas comienza.
Xerardo Muñoz de la autodenominada bancad estrella señaló que el dictamen surgió de del análisis cuidadoso, “respetando el debido proceso, pero cuidando también la dignidad de las víctimas, no es linchamiento político, no es persecución política, no es cacería de brujas", en tanto que aclaró que el dictamen a favor, fue producto de la valoración de una jueza de control, de un poder ajeno a la Legislatura y se pronunció por que prevalezca la justicia en tanto que el Congreso “no prejuzga sobre el proceso judicial que llevarán a cabo las autoridades jurisdiccionales y solo tiene efecto para determinar si se le quita o no la protección constitucional llamada fuero".
Por su parte la diputada Mar De Ávila Ibargüengoytia quien votó a favor del desafuero, advirtió que la normatividad local está desactualizada y no se ha homologado con la norma federal, esto luego de ejemplificar con términos del sistema de justicia penal acusatorio, a diferencia de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fueron decisivos en el procedimiento, “no prejuzgamos la culpabilidad del servidor público, será el juez del poder judicial el que decida sobre su culpabilidad o inocencia[; tampoco se prejuzga a quien giró la orden de aprehensión, pero me queda claro que reunió los requisitos", al tiempo que llamó a suprimir el fuero y que este no sea un obstáculo más en la impartición de justicia en Zacatecas.
Fue la ex morenista Priscila Benítez quien señaló que no es posible pasar por alto ni ser ajenos “a tan graves hechos delictivos que ahora se ponen a consideración de esta legislatura y es una obligación constitucional instituir la relación de colaboración y coordinación para el cumplimiento eficaz de sus respectivas funciones, Zacatecas está dolido por los hechos a los que nos enfrentamos", al referir que ue las autoridades "actúan con lentitud, no se castiga a los responsables, nosotros no somos la parte juzgadora de carácter penal, esta Legislatura es particularmente competente para conocer y resolver sobre el pedimento formulado por el fiscal Francisco Murillo”.
El perredista Juan Mendoza aseguró que frecuentemente, el ejercicio del poder envenena, intoxica y termina desquiciando a los que no saben asimilar, "el poder los dimensiona, se creen intocables, asumen conductas desafiantes y temerarias, pero sobre todo, creen y esto lo subrayo, creen que pueden estar por encima de los demás mortales y decidir sobre la vida de otra persona. Nadie, en el pleno ejercicio de sus libertades, puede atentar en contra de la vida de otro ser humano, eso es aberrante, eso es moralmente reprochable, eso es socialmente inadmisible... este hecho involucra la muerte de Raúl Calderón y el involucramiento de un presidente municipal representa eso, el desquiciamiento en el ejercicio del poder, creyendo que se puede atentar en contra del bien jurídico supremo de la vida, calculando niveles de impunidad, pero calculó mal".
Jehú Salas intervino para señalar que lo vivido de manera inédita en la legislatura se trató de una declaración de procedencia, de desafuero, “no se trata de un juicio, es una declaración de procedencia, y en las condiciones de este procedimiento, no se juzga si hay o no un delito; tampoco se califica si hay o no culpa del servidor público quien está siendo imputado; se trata de una simple ponderación política de un órgano político que se reduce a decidir si el servidor público que está siendo imputado debe llevarse a cabo en este momento o hasta que el servidor público concluya su encargo, no estamos juzgando absolutamente nada que esté contenido en la carpeta de investigación o en las constancias entregadas; lo único que estamos decidiendo los 30 diputados es que el servidor público debe enfrentar a partir de hoy el proceso penal y la acusación que está formulada en su contra".
Cerró la ronda de participación el diputado por Movimiento Ciudadano Enrique Laviada calificó todo proceso y caso de la muerte del joven zacatecano como terrible, “en medio de muchos otros crímenes, de muchos otros factores que han implicado el desasosiego de la sociedad, esto nos colocaba en una situación de gran presión, pero estuvimos obligados a actuar con mucha seriedad, con mucho cuidado, nos impusimos para actuar con ética, con racionalidad, con un compromiso parlamentario frente a la sociedad para dignificar en los hechos, en la práctica, a este poder legislativo; para algunos lo que estaba sucediendo era un caso de conspiración política, mientras en otro sentido, podríamos ser acusados o lo fuimos todos los días de favorecer la impunidad".
Por lo que defendió la dictaminación de la Comisión Jurisdiccional que en caza al señalar que no hay dictamen perfecto, “pero jamás invitaría a votar por un dictamen plagado de vicios y errores; jamás los llamaría a votar por un dictamen donde se pudieron haber violado los derechos humanos, un dictamen donde se hubieran puesto en duda principios constitucionales, retiremos el fuero del señalado para que comparezca ante la justicia y que ahí corra la suerte que cualquier ciudadano debe correr para que se demuestre si es inocente o es culpable, algo que no haremos nosotros, sino los jueces en los tribunales".
