Sociedad transparente | Los órganos autónomos, fortaleza de la democracia en México
“Las instituciones que la ley dota de autonomía, creadas a partir de la conquista de los derechos de la ciudadanía, existen para el beneficio de la Sociedad…”
Samuel Montoya Álvarez*
Durante los últimos meses, especialmente en estos días, los organismos constitucionalmente autónomos han sido el centro del debate en nuestro país, provocando entre el sector gubernamental, académico, la sociedad civil y los medios de comunicación, la reflexión acerca de su importancia. No es para menos, estas instituciones son fundamentales para que exista la democracia en México al garantizar la independencia y la imparcialidad en el ejercicio de las funciones del Estado.
Órganos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre otros que se plantea eliminar mediante una reforma de simplificación orgánica, son imprescindibles para el equilibrio de poderes. Su autonomía es clave, pues les permite actuar sin la influencia directa del gobierno y sin deberse a afinidades políticas, libertades fundamentales para asegurar que sus decisiones sean justas y equitativas. Sin esta independencia, el riesgo de parcialidad en las funciones que hoy desempeñan estos institutos y que pasarían a dependencias del Poder Ejecutivo, incrementaría.
Su función, sin embargo, va más allá de la vigilancia y la regulación. Estos organismos también promueven la cultura de legalidad y transparencia. Para muestra el INAI, garante del derecho ciudadano de acceso a la información pública que ha fomentado una ciudadanía más informada y participativa. El acceso a la información es un pilar de la democracia, pues respalda a la ciudadanía para tomar decisiones fundamentadas y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.
Asimismo, la existencia de estos organismos autónomos fortalece el Estado de Derecho al actuar como contrapesos del poder, evitar abusos y excesos por parte de las autoridades; un papel imposible de desempeñar desde la centralización excesiva.
Las instituciones que la ley dota de autonomía, creadas a partir de la conquista de los derechos de la ciudadanía, existen para el beneficio de la sociedad y representan una garantía de estabilidad y continuidad democrática. Son órganos que, desde su diseño, buscan ser imparciales y objetivos, lo que les permite evaluar, regular y emitir resoluciones apegadas a derecho; de este modo, contribuyen a la construcción de un sistema político más robusto.
En contraste con algunos cuestionamientos basados en desinformación, la autonomía no implica una falta de supervisión. Como todo ente público, los organismos autónomos rinden cuentas a la ciudadanía y están sujetos a mecanismos de control, además de que pueden y deben someterse a evaluaciones y reformas que aseguren su mejor funcionamiento. Sin embargo, estos cambios deben ser siempre por el bien público y no convertirse en instrumentos de coacción o manipulación; la independencia es una condición necesaria para que estos organismos puedan cumplir con sus atribuciones de manera efectiva.
Es vital que como sociedad defendamos y valoremos la existencia de estos organismos. Eliminarlos no solo pondría en riesgo la calidad de nuestra democracia, también la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La democracia mexicana, aunque joven, ha dado pasos significativos en las últimas décadas, y los órganos constitucionalmente autónomos han sido pilares fundamentales en este avance.
Los órganos autónomos no solo son necesarios, sino imprescindibles para la salud democrática de México. Su independencia y función reguladora son esenciales para mantener un equilibrio de poder y garantizar que los derechos de los ciudadanos sean protegidos y respetados. Defendamos estos bastiones de la democracia, pues en ellos reside la fortaleza y la esperanza de un futuro más justo y equitativo para todos.