La seguridad y la nación | El México de la impunidad
“Las relaciones Cívico-Militares, desde la creación de la Guardia Nacional, se convierten cada vez más estrechas, desde un punto de vista policial, esto sería una buena área de oportunidad, lamentablemente, las fuerzas armadas se están convirtiendo en un riesgo más para la ya de por si afectada sociedad”.
Hugo Rafael Sánchez*
La profundización de las fuerzas armadas en la sociedad, se está convirtiendo en un retroceso significativo para el terreno ganado en cuestión de derechos humanos, que inclusive se convierte en un sentido de indiferencia, es decir, mientras no me afecte, no me importa. En reiteradas ocasiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que las Fuerzas Armadas, y la Guardia Nacional, deben respetar los Derechos Humanos, afirmando que esa ha sido su instrucción como Comandante Supremo, el 14 de mayo del año pasado dijo:
[…] No vamos a reprimir a ninguna persona; además, el Ejército Mexicano tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo está cumpliendo. Ya no hay masacres, ya no es el tiempo de antes. […] La actitud del Ejército y de la Marina es respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente.....
Pero esta declaración deja entrever problemas mayúsculos, significa que reconoció abiertamente que las Fuerzas Armadas eran responsables de masacres y represión hacia las personas, sin embargo, como Presidente de la Nación, debería estar realizando procedimientos judiciales en contra de quienes realizaron esas conductas en el pasado, en tema de violaciones graves de Derechos Humanos, no existe el borrón y cuenta nueva.
Y a pesar de las instrucciones verbales presidenciales, esto no es suficiente, ya que se debe acompañar de varias reformas institucionales dentro de las fuerzas armadas, y que sus procedimientos sean revisados desde el ámbito civil, cosa con la que nunca han estado de acuerdo dichas fuerzas armadas, pero lo que sí acompaña en todo momento a la “guerra contra el narcotráfico” son precisamente las malas prácticas y cada vez más sistemáticas, violaciones a derechos humanos, sin que hasta el día de hoy existan castigos con base en legalidad para quienes las practican, sino todo lo contrario,la completa impunidad, evidentemente que esto no garantiza la no repetición.
Estefanía Vela, publica, "De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la Sedena crece", en este análisis detalla: Que en 2020, hubo 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de la Sedena. En estos eventos, hubo 170 civiles detenidos; 50 civiles y 56 militares heridos; y, finalmente, 237 civiles y apenas 6 militares fallecidos. Con base en estos números podemos afirmar que, en 2020 murieron más civiles de los que fueron lastimados en los enfrentamientos de la Sedena (por cada civil herido, fallecieron 4.7 civiles); murieron más civiles de los que fueron detenidos (por cada civil detenido, fallecieron 1.4 civiles); y murieron muchos, muchos más civiles que militares (por cada militar que falleció, murieron 39.5 civiles). Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Pero cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta.
Siendo previsible que el uso excesivo de la fuerza continúe dados los antecedentes que se refieren, es fundamental que ante cada caso haya una investigación exhaustiva y con la debida diligencia. Esto, sin embargo, no es lo que está ocurriendo, por el contrario, la FGR no ha abierto carpeta de investigación alguna contra elementos de las fuerza armadas por casos de violaciones a derechos humanos, o uso excesivo de la fuerza.
Y aún más grave es el silencio de la CNDH, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones, por consecuente, harán acto de presencia más adelante, al autoritarismo y la completa ausencia del estado de derecho.
Cabe hacer la siguiente reflexión, quien alineó a las instituciones en favor de la Sedena, ¿es el presidente?, o la Sedena se encuentra detrás de las decisiones del mismo, lo que debemos tener en claro es que, existe una complicidad de beneficio mutuo.
*Maestro en Juicios Orales
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