Hablemos de seguridad… y algo más | El precio de la violencia
“Una política de prevención social deberá, entre algunas otras cuestiones, proponer estrategias…”
Diego Varela de León*
Sin duda las consecuencias que trae consigo la violencia son amplias y permean la vida individual, familiar y comunitario e igualmente inciden en el desarrollo social y económico, estas entropías sociales que traemos arrastrando de sexenios atrás no son obra de la casualidad sino más bien del descuido de no haber atendido las causas y los factores de riesgo que encubaron la violencia, de tal suerte que para poder atender este mal que nos aqueja a todas y todos, sin duda se requiere en primer lugar el reconocimiento de esta enfermedad social que de una u otra forma nos lastima a toda la sociedad, en segundo lugar que se diseñen políticas criminológicas en el corto, mediano y largo plazo, es decir que no obedezcan a un sexenio o trienio según se trate del ámbito de mandato de los ejecutivos federal, estatales y municipales, y en tercer lugar luego del diseño, la consecuente implementación de forma adecuada que prevengan y atiendan estos problemas desde la integralidad y con especialistas en cada rama de las ciencias de la criminología. Una política de prevención social deberá entre algunas otras cuestiones proponer estrategias y líneas de acción que se orienten a la atención de las causas y evitar factores de riesgo para restringir las posibilidades de que la violencia ocurra, o bien, para evitar que escale o permanezca.
Además de las afectaciones que ocasiona la violencia a diferentes poblaciones y ámbitos, hay otros costos y efectos que genera y en primer lugar mencionaremos los costos directos. Estos miden el valor de los bienes y servicios empleados; son fácilmente cuantificables y tienden a abarcar los servicios empleados en el sistema de justicia criminal, encarcelamiento, servicios médicos, servicios sociales, además que se refiere a los costos de productividad.
En segundo lugar están los costos indirectos. Los cuales indican un impacto más allá de las víctimas directas y los perpetradores. También incluyen a las víctimas indirectas y, a menudo, a la sociedad en general. Se refieren al bajo crecimiento económico, la pérdida de oportunidades de inversión, el bajo nivel de vida entre los ciudadanos productivos y de los ingresos no percibidos por los encarcelados y las víctimas de la violencia y la delincuencia.
En tercer lugar, están los costos no monetarios. Estos miden los efectos no económicos que la violencia y la delincuencia causan a las víctimas, como el aumento de la morbilidad, el aumento de la mortalidad y el suicidio, abuso de alcohol y drogas, todos derivados del trauma sufrido por las víctimas. Igualmente podemos citar que otro costo no monetario de la violencia está relacionado a la reducción de la expectativa de vida, que resulta en la perdida de potencial social. Lo anterior Son efectos que no se perciben monetariamente, pero que tienen relación con el incremento de la violencia y podemos observarlos en los cambios de estilo de vida, por ejemplo, no salir a determinadas horas o transitar por ciertas zonas, lo cual modifica la forma en cómo nos relacionamos unos con otros, además de limitar nuestras libertades y convivencia social.
De esta forma podemos ver que los efectos de la violencia se refieren a impactos económicos y sociales que afectan el desarrollo, las relaciones interpersonales y la calidad de vida. Estos efectos pueden ser multiplicadores en el aspecto económico, pues afectan el mercado laboral y la participación de la fuerza de trabajo, el poder adquisitivo y el crecimiento micro y macroeconómico; y en el aspecto social se crea una transmisión intergeneracional de la violencia, baja calidad de vida, estrés y daña el desarrollo humano en lo individual y colectivo. Por ello se hace necesario en primer lugar que se haga una reflexión y análisis de los resultados para dirimir lo que ha resultado bien y cambiar lo que haya que cambiarse, en segundo lugar que haya una continuidad transexenal y trienal en las políticas criminológicas y en tercer lugar y no menos importante que los dos anteriores es que haya una verdadera participación social en dichas políticas criminológicas, pues sin lugar a dudas sin la participación ciudadana muy poco o nada se podrá lograr en el tema de la prevención de la violencia y por ende seguiremos pagando el costo de la violencia.