RESPONDE AMLO A LA CORTE CON UN DECRETO CONTRA LA TRANSPARENCIA
Cinco horas después de que la Corte invalidó el acuerdo por el que clasificó como de seguridad nacional las obras de infraestructura prioritarias de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue más allá y emitió esta vez un decreto para considerar igualmente de seguridad nacional e interés público no solo las obras, sino el funcionamiento, operación y mantenimiento del Tren Maya, el Corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
El 23 de noviembre de 2021, el propio presidente López Obrador explicaba el documento invalidado ayer por la Corte y señalaba que “ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras”. Ahora emitió un decreto que también considera como de seguridad nacional al funcionamiento de dichas obras de infraestructura.
Además, el INAI, que no puede sesionar con cuatro integrantes, ya no podrá impugnar dicho decreto —que ya tiene un nivel superior jurídico al de un acuerdo administrativo entre dependencias—, aunque desde ayer anunció que buscaría opciones legales.
Con la resolución en la Corte, el Ejecutivo contaba con un año de vigencia a las autorizaciones provisionales de las obras de infraestructura consideradas prioritarias por el gobierno, aunque el nuevo decreto cambia el panorama.
Josefina Román, comisionada del INAI, reconoció ante medios nacionales, que frente a la inoperabilidad en la que se encuentra el organismo por la falta de tres comisionados, en estos momentos no podrían promover una nueva controversia constitucional, a diferencia de diciembre del 2021 cuando interpuso el recurso contra el acuerdo del 22 de noviembre de ese año.
Con la resolución en la Corte, el Ejecutivo contaba con un año de vigencia a las autorizaciones provisionales de las obras de infraestructura consideradas prioritarias por el gobierno, aunque el nuevo decreto cambia el panorama.
El ministro González Alcántara Carrancá explicó que “las autorizaciones provisionales otorgadas con fundamento en el acuerdo tendrán la vigencia dispuesta de 12 meses contados a partir del momento de su emisión” y la autorización definitiva “deberá de obtenerse de conformidad con las disposiciones aplicables”, pues la declaratoria de invalidez surtirá sus efectos al Poder Ejecutivo, así como a las secretarías denunciadas y que, por tratarse de una materia distinta a la penal, no son retroactivos.
