EXIGEN COLECTIVAS FEMINISTAS RENUNCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, DE LA SSP Y POLICÍA VÍAL
ECODIARIO
ZACATECAS, ZAC.- Colectivas feministas exigieron la renuncia del secretario General de Gobierno, del Secretario de Seguridad Pública, del director de la Policía de Seguridad Vial, por su responsabilidad en las detenciones arbitrarias; también pidieron así como sanciones a policías que hicieron uso excesivo de la fuerza pública.
Lo anterior, luego de que durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, 18 jóvenes fueran detenidas arbitrariamente y con el uso excesivo de la fuerza policial.
Tras lo sucedido, en conferencia de prensa, las colectivas exigieron a Gobierno del Estado la reparación del daño a niñas, activistas, mujeres periodistas.
Además de las detenciones arbitrarias, las activistas denunciaron que hubo revisión ilegal a mochilas y bolsas de manifestantes, robo de dinero; se lanzó gas lacrimógeno con extintores a manifestantes, además de violencia psicológica, física y sexual.
Y negaron que el movimiento feminista haya sido infiltrado, tal como acusó Gobierno del Estado, tras detenciones arbitrarias.
Exigieron:
1.- La inmediata renuncia e inhabilitación de cargos públicos del secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el Secretario de Seguridad; Arturo Medina Mayoral; el Director de Policía de Seguridad Vial, Francisco Oswaldo Caldera Murillo.
Aplicando de manera correcta la Reforma 8 de 8 en materia electoral. Y las sanciones correspondientes a los elementos de policía que violaron los derechos humanos de las manifestantes, de los que incluso tenemos conocimiento, no solo eran policías de la capital del estado sino de otros municipios de Zacatecas.
2.- Se realice una investigación profunda de los actos de intimidación y represión previa a la marcha y al finalizar esta, que expusieron la maquinación de una emboscada, pues se propuso logísticamente un embudo para atrapar, amedrentar y reprimir a las manifestantes incluyendo a elementos de otros municipios, el uso del helicóptero policiaco con francotiradores que dio el banderazo para que salieran motociclistas de policía cuyos agentes cargaban armas largas a fin de continuar fuera de Plaza de Armas la persecución de las asistentes y generar un ambiente de terrorismo de Estado.
Se sabe que arribaron el día 7 de marzo por la noche al estado, 400 elementos (mujeres) de la Guardia Nacional para previsiblemente intervenir en la marcha y manifestación feminista. (Afortunadamente no se utilizó la pipa de agua que se tenía preparada en Avenida Hidalgo para continuar la represión).
3.-Subrayadamente repudiamos los ataques que en el contexto de ineptitud evidente, falta de capacitación y mala fe realizada desde las autoridades gubernamentales y policiacas tuvieron como víctimas a las infancias presentes, las mujeres con discapacidad y las mujeres adultas mayores y menores de edad, a la hora de la represión en la Plaza de Armas, y le recordamos al Estado, que debe prevalecer siempre el Interés Superior del Menor. Por la gravedad de estos hechos solicitamos la disculpa pública y el compromiso de la reparación integral del daño, al gobernador, David Monreal Ávila, asunto al que se le dará seguimiento a través de la comisión especial que se articulará con las víctimas directas. Dada la enorme cantidad de mujeres asistentes a la marcha del 8M víctimas de la violencia del Estado reclamamos que se cree una comisión especial que tenga el acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Comisión Estatal de Atención a Víctimas para que se atienda caso por caso a fin de que se obtenga para ellas la reparación integral del daño.
Hacemos también, un llamamiento a la fiscalía general del estado a que las investigaciones sean conducidas con perspectiva de género y la debida diligencia para evitar la revictimización y la impunidad, y al Poder judicial para que en su momento se lleven a cabo los procesos judiciales con apego a la ley y con perspectiva de género para que se logren sentencias firmes. Se solicitan medidas de protección, para resguardar la vida, la integridad física y psicológica de las víctimas directas y sus familias.
4.- Denunciamos expresamente la intimidación de que fueron objeto las trabajadoras de Gobierno del estado a quienes se les mandató a que no asistieran a la marcha del 8M, y exigimos que no sufran represalias por su “desacato” a esta orden ilegal e inmoral. Y denunciamos asimismo la intentona de dividir al movimiento feminista al proponerse un espectáculo musical en el que sorprendieron a las artistas, también integrantes del movimiento, sin precisarles dónde y a qué hora se realizaría, y que sería cobijado por autoridades gubernamentales de Cultura para presuntamente respaldar su postura “pro feminista y pacifista”, pero fuera de la zona donde se realizó la gran movilización feminista.
Ellas al darse cuenta de los hechos se manifestaron abierta y expresamente en contra de la represión y violencia desde el escenario en contra del movimiento feminista, motivo por el cual Jaime Herrera, del Instituto de Cultura les exigían que se bajaran del escenario y cortaran la comunicación de la protesta.
Que se haga pública la erogación de los recursos de los zacatecanos destinados a tapiar y proteger el palacio de gobierno además de los bancos, negocios privados e iglesias del centro histórico pues este dispendio no esta no estaba etiquetado en el presupuesto. Reclamamos la reposición de celulares y dinero robado a las manifestantes en los operativos ilegales de las policías municipales y de tránsito en la revisión de bolsas y mochilas. Subrayamos asimismo, que ninguna de las detenidas arbitrariamente era procedente de alguna otra entidad que no fuera Zacatecas, pues se ha querido hacer creer que hay “infiltradas” en el movimiento. No queremos omitir el acompañamiento que aun en contra de la voluntad expresa de autoridades de Gobierno del estado de Zacatecas recibieron las detenidas de manera arbitraria Afortunadamente para el movimiento feminista no todas las funcionarias se coluden con el poder del Estado como fue el caso de la titular de la presidenta de Derechos Humanos, Marisela Dimas, y la jueza en turno de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Dafne Cortés. Así como el acompañamiento de Gabriela Pinedo, diputada local, y de la secretaria de Gobierno municipal, Magdalena Beltrán Vázquez.
