DETIENEN A 5 POR MUERTE DE MIGRANTES
Ecodiario
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó cinco órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en el incendio que causó la muerte de 39 migrantes al interior de una estancia provisional en Ciudad Juárez, Chihuahua, informó la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien prometió una investigación "hasta donde tope".
En conferencia de prensa, se informó que a los detenidos se les imputan los delitos de homicidio doloso y lesiones. Además, aún queda pendiente detener a uno de los presuntos responsables.
De acuerdo con las autoridades, en total se libraron seis órdenes de aprehensión contra tres agentes del Instituto Nacional de Migración, dos dirigidas a elementos de seguridad privada y una hacia el migrante que inició el fuego al interior de la estancia, quien estaba hospitalizado y ya fue dado de alta.
"La investigación, reitero, está a cargo de la Fiscalía General de la República, y del resultado del proceso de las investigaciones se van a deslindar responsabilidades, sin importar quién sea, repito, no habrá impunidad. Lo digo de manera más coloquial, hasta donde tope", subrayó la secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
A la fecha se tienen registradas 28 personas lesionadas, de las cuales 18 están graves, ocho delicados y uno más se reporta estable y son originarios cinco de El Salvador, diez de Guatemala, ocho de Honduras y cinco de Venezuela.
En cuanto a las 39 personas fallecidas, seis son de nacionalidad hondureña, siete salvadoreña, 18 guatemalteca, una colombiana y siete venezolana.
Las autoridades señalaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está en contacto con las embajadas de los países de origen de las víctimas con la finalidad de repatriar los cuerpos y garantizar la atención a los que están hospitalizados.
Y se anunció que el gobierno de México está comprometido con reparar el daño a las víctimas.
“Sabemos que el dolor y la tristeza que genera la pérdida de vidas no se supera jamás con esta acción, sin embargo, es nuestra obligación institucional y moral proteger a las familias de las víctimas”, apuntó.
