ACATARÁ GODEZAC ORDEN FEDERAL; PAGARÁ AGUINALDOS A PENSIONADOS

-RODRIGO REYES MUGÜERZA:

TANYA ORTIZ

ZACATECAS, ZAC.- “Las pensiones nunca se han dejado de pagar. El gobierno ha aportado más de lo que le corresponde precisamente para poder hacer frente a la condición de terapia intensiva en la que dejaron el instituto y el sistema de pensiones”, aseguró el secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Desde el 31 de julio pasado, un juez federal ordenó al Gobierno del Estado que pagara a 50 jubilados y pensionados los aguinaldos a los que haya lugar en un lapso no mayor a cinco días a partir de dicha fecha, para lo cual, el abogado representante de los quejosos, Jorge Rada Luévano, solicitó una audiencia con el funcionario, a fin de abordar el tema y darle cumplimiento antes del término.

“El gobernador ya ha indicado que se acatará. Sin embargo, es importante decir que la justicia y quienes piensan que con estas maniobras están haciendo un bien, en realidad están ayudando a cavar más el hoyo en el que se encuentra el instituto”, consideró el funcionario estatal. 

Reyes Mugüerza explicó que lo que el juez federal indicó es que se pagara el aguinaldo disponiendo de un fondo que se generó para cubrir las liquidaciones de quienes decidieran retirarse; de 100 millones de pesos que hay en el fondo ya se utilizaron 74 millones y la nómina se ha reducido en 22%, “algo que nunca se había logrado y que era una tarea pendiente de administraciones pasadas”.

La indicación del gobernador, dijo, es precisamente no vulnerar a los trabajadores, de ahí que durante este periodo el instituto también, en medida de sus posibilidades, pudo cubrir parte de los aguinaldos de 2021. 

Sobre la decisión judicial, consideró que responde a la exigencia de los pensionados para que se les pague un aguinaldo que se le había otorgado en el pasado y que estaba fuera de la ley, ya que aquellos pensionados con la ley de 1986 no tienen, legalmente, acceso a este concepto.

“Por eso decimos que los jueces deberían considerar el asunto de fondo y determinar si aquellas personas que se pensionaron antes de 2015 tienen o no acceso legítimo a ese concepto”. 

El aguinaldo y la manera en cómo se otorgó de 1986 a 2015, insistió, es un ejemplo de cómo el instituto se usó de manera indebida. 

PODRIDO, EL SISTEMA DE PENSIONES

El secretario de Gobierno consideró que el exgobernador Genaro Borrego cometió un error, “fue el inicio de lo que hoy las y los zacatecanos están experimentando, y que pone en riesgo que quienes hoy cotizan no tengan acceso a una pensión”.

“Por su irresponsabilidad, se creó un sistema de pensiones con más de 200 personas con derecho a una pensión que nunca cotizaron; fue también en su periodo en el que se incrementaron los conceptos que fueron más allá de asegurar un retiro digno sin hacer un estudio profundo de las implicaciones futuras que tendría”. 

“El sistema de pensiones en Zacatecas, por esta gran irresponsabilidad, nació torcido y podrido, con la semilla de su propia destrucción”, expresó Reyes Mugüerza.

Sin embargo, añadió, pese a haber heredado un problema que se ha pateado en el pasado, esta administración del instituto, a través de las aportaciones gubernamentales, ha hecho frente a la situación para no perjudicar a los pensionados, “pero se trata de un barril sin fondo”. 

Eso es lo que no ven los jueces, dijo, que con sus decisiones están condicionando el futuro de Zacatecas, están haciendo que la generación que ahora cotiza pague por los errores y los abusos del pasado. 

Reconoció que es una situación que se tiene que resolver de fondo y para ello el director del instituto aún puede recurrir a las instancias legales para pedirles que determinen si los actores de los juicios de amparo tienen o no derecho a recibir dicho concepto como prestación.

“Lo que sí, es que el actuar de la justicia parece querer asfixiar al Gobierno del Estado y al de los municipios, no solo en estos casos sino en temas como los laudos en donde un posible contubernio no puede descartarse”, condenó. 

Refirió casos en la Auditoría Superior del Estado (ASE) en los que un trabajador exige permanecer después de un periodo que tenía un límite legal y un así los jueces le dan la razón al trabajador y le piden a la ASE que pague 5 millones de pesos. “Este dinero, sobra decirlo, proviene del presupuesto. Y así están los municipios y las secretarías”. 

Entre laudos y resoluciones que no estudian la realidad, los jueces y sus arreglos con los abogados están asfixiando las finanzas del estado y de los municipios, reiteró Reyes Mugüerza. 

“Aun así, el gobernador tiene la firme convicción de salir adelante y siempre ver por las y los trabajadores”, puntualizó.